Por Josefina Terrado / elcomunista.net
Final de la Copa de fútbol. Camp Nou. Cien mil personas se ponen de pie y pitan al himno oficial del Estado español. El Borbón Felipe VI, también de pie, escucha el rechazo popular. Acaba de sonar el himno, y la masa humana congregada cesa la pitada y se dispone a ver un partido festivo.
Poco después, la Comisión Antiviolencia acordó sancionar con 123.000€ a la Federación Española de fútbol (RFEF), con 66.000 al FC Barcelona y con 18.000 al Athletic Club. Además, propone sanciones de 100.000€ a Catalunya Acció y 70.000 a otras plataformas soberanistas catalanas que supuestamente promovieron la pitada, al considerarlo un acto de reivindicación política que agrede símbolos importantes: la figura de un Rey y un himno.
El Estado español lo constituye el conjunto de sus comunidades autónomas, es decir, su pluralidad nacional, así como el conjunto de una población diversa en lo ideológico. Lo comprenda o no los poderes políticos y mediáticos, el himno oficial español y su bandera, provienen de la herencia franquista, de una dictadura, que eliminó por la fuerza la legalidad de un Gobierno legítimo.
Esta virulenta reacción, hace resurgir el eterno debate político que cuestiona la sobrevaloración de la libertad de expresión. Pues no resulta baladí su consagración en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, y también el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos humanos, además del artículo 20 de la Constitución española.
En este sentido, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, recuerda que la libertad de expresión, constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales para su progreso. Libertad aplicable no solamente a las “informaciones” o “ideas” acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que resultan opuestas, lastiman o inquietan a un Estado o a una parte de la población.
Ninguna norma contraria al uso y la costumbre -naturaleza propia de la ley- podrá evitar la opinión, el sentimiento y, por lo tanto, la expresión de millones de ciudadanos españoles que no entienden cómo es posible que en la época en que estamos no haya sido sustituido todo el ornamento franquista de las señas de identidad de un Estado de Derecho.
Así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe “sociedad democrática”. Por otro lado, cuando el Tribunal ejerce un control de proporcionalidad utiliza con frecuencia la siguiente expresión: “la injerencia (del Estado) debe responder a una necesidad social imperiosa” que en la mayoría de los casos los Gobiernos interpretan según sus propios intereses partidistas.
Así, en el presente caso, las expresiones críticas de cien mil personas, vertidas pacíficamente, dentro de un recinto deportivo y de formaciones sociales afines, constituye una monumental libertad de expresión, que conlleva una libertad de pensamiento.
El Estado español lo constituye el conjunto de sus comunidades autónomas, es decir, su pluralidad nacional, así como el conjunto de una población diversa en lo ideológico. Lo comprenda o no los poderes políticos y mediáticos, el himno oficial español y su bandera, provienen de la herencia franquista, de una dictadura, que eliminó por la fuerza la legalidad de un Gobierno legítimo.
Es por ello, que un sector muy importante de la población española no acepta ni el himno, ni la bandera, como suyos, como tampoco una monarquía también impuesta por Franco, y metida luego en el conjunto constitucional, pero sin referéndum ciudadano. Es decir, no se restituyó la legítima forma de Gobierno anterior a la dictadura, la república.
Ese sentimiento de rechazo es el mismo que existe en las nacionalidades históricas, que sufrieron la represión de su cultura y su identidad durante las cuatro oscuras décadas del fascismo.
Ninguna norma contraria al uso y la costumbre -naturaleza propia de la ley- podrá evitar la opinión, el sentimiento y, por lo tanto, la expresión de millones de ciudadanos españoles que no entienden cómo es posible que en la época en que estamos no haya sido sustituido todo el ornamento franquista de las señas de identidad de un Estado de Derecho.
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