Al acordar la firma del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Malasia, Chile, México, Perú, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam), Barack Obama intenta recuperar hegemonía en lo económico y en este escenario entran también el acuerdo nuclear con Irán y el deshielo con Cuba.
No es casualidad que en el TPP estén presentes tres de los cuatro países latinoamericanos de la Alianza del Pacífico (Colombia, el cuarto, está en proceso de integrarse a la APEC como paso previo para incluirse en el TPP). El riesgo para América latina es que el resurgimiento del libre comercio a nivel multilateral se transforme en una herramienta de presión según la cual aquellos países que no se ajusten a estos estándares queden como parias del mundo.
El “mayor acuerdo de comercio e inversión regional de la historia” no tiene que ver con el libre comercio. Es un acuerdo para gestionar las relaciones comerciales y las inversiones de los grupos de presión empresariales transnacionales, y lo más poderosos de cada país.
Se ha publicitado que los 12 firmantes conforman un conjunto de economías que representan el 40% del producto bruto mundial, el 12% de la población del globo y un tercio del comercio internacional.
La secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, afirmó que “la opinión pública ha de tener claro los capítulos (del acuerdo TPP), qué se negoció y cuál es el impacto en regiones como la nuestra”. Señaló varios capítulos del tratado como acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias, procedimiento aduanero, políticas de competencia, servicios transfronterizos, medio ambiente o resolución de conflictos, y por ello enfatizó en la necesidad de transparencia en el proceso y de informar a la ciudadanía.
El origen del TPP es el Acuerdo de Asociación Económica firmado entre Singapur, Nueva Zelanda, Chile y Brunei; EE.UU. tomó la decisión de incorporarse recién en 2009 para convertirlo en un proyecto mucho más ambicioso. Canadá, México, Perú, Australia, Chile y Singapur ya tienen Acuerdos con los EE.UU.; Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam son miembros de ASEAN; México, Perú y Chile forman parte de la Alianza del Pacífico y los dos últimos tienen Acuerdos de Libre Comercio con el Mercosur.
El TPP se parece mucho a otros dos acuerdos de este tipo que fracasaron en la década pasada: el ALCA y la Ronda de Doha de la OM. Es decir, con el TPP resurge de su profundo letargo el multilateralismo comercial destinado a eliminar los esquemas proteccionistas sin tener en cuenta las asimetrías entre las distintas economías.
Mercosur –sus cinco miembros, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela– ha optado por mantenerse prescindente para no arriesgar el mercado interno en detrimento de las exportaciones, pese a las crecientes presiones estadounidenses y por parte de las transnacionales que hicieron base en estos países, sobre todo sobre los gobiernos de Uruguay y Paraguay.
De los primeros en reaccionar, los medios hegemónicos de los países del Mercosur, exigiendo que sus gobiernos no quedaran fuera del TPP o cualquier movimiento que naciera en Washington. En Brasil, el oligopolio mediático O Globo señaló que “Brasil queda afuera del acuerdo del Pacífico y puede perder su espacio en el mercado”. Algo similar se leyó en los medios conservadores de Paraguay, Uruguay y, sobre todo, la Argentina.
Todo ello a sabiendas de que el desafío es no dejarse presionar por este nuevo espejito de colores, y seguir en la labor de terminar de construir –con y en el Mercosur y Unasur a la cabeza– una alternativa común e independiente, mucho más equitativa, un modelo de desarrollo autónomo de la región, que despida de una vez y para siempre el espejismo de la mano invisible del mercado. Como hace 10 años.
El TPP es presentado como un Acuerdo de Libre Comercio pero sólo cinco de sus 30 capítulos están relacionados con las tarifas; los principales capítulos se refieren a inversiones, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, política de competencia, empresas estatales, propiedad intelectual, medio ambiente, derechos de los trabajadores, coherencia regulatoria, desarrollo, transparencia y anticorrupción y mecanismo de solución de controversias.
Cabe recordar que muchos de estos temas formaban parte de la Agenda de Singapur que fuera excluida de las negociaciones de Doha por el grado de complejidad y por las obligaciones para modificar las legislaciones nacionales en temas sensibles.
Difícil de tragar
El gobierno de EE.UU. enfrentará un arduo debate para lograr la sanción del Congreso a pesar de haber obtenido la autorización para negociar acuerdos comerciales en junio. La principal oposición provendrá de los sindicatos nucleados en AFL-CIO que defienden la protección del mercado doméstico para no perder puestos de trabajo como sucedió con el traslado de empresas a México en búsqueda de menores costos al aprobarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) con México y Canadá.
Desde el vamos, Nueva Zelanda y Australia amenazaron con retirarse del acuerdo porque Canadá y EE.UU. son quienes controlan el comercio de productos lácteos; y E.UU. junto a México regulan el mercado del azúcar. Pero tampoco EE.UU. está feliz con la forma en que los japoneses marcan el paso en el caso del arroz. ¡Cómo hará el TPP para imponer una agenda que en realidad va en contra del libre comercio?
El mismo Nobel de Economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, alertó sobre lo que puede suceder, por ejemplo, con un acuerdo que amplía los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas. El TPP regulará el comercio de productos farmacéuticos a través de una serie de cambios de unas reglas aparentemente arcanas sobre temas como “la vinculación de patentes”, la “exclusividad de datos”, y datos “biométricos”. El resultado real es que se permitirá expandir a las transnacionales farmacéuticas –hasta por tiempo indefinido– sus monopolios sobre los medicamentos patentados, excluir a los genéricos más baratos del mercado, e impedir a competidores “biosimilares” la introducción de nuevos medicamentos durante años.
EE.UU. esperan utilizar el TPP para regular el comercio de la industria del tabaco. Durante décadas, las empresas tabacaleras estadounidenses han utilizado mecanismos de defensa para los inversores extranjeros. Ahora, bajo estos sistemas de resolución de controversias inversores-Estado (ISDS), los inversores extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales ante mecanismos de arbitraje privados por reglamentos que consideren una amenaza para la rentabilidad esperada de sus inversiones.
Los ISDS van mucho más allá: imponen la obligación de compensar a los inversores por las pérdidas de beneficios esperados y podría ser invocados incluso cuando las reglas no son discriminatorias y los beneficios se obtienen causando daño a la sociedad. Por ejemplo, la transnacional Philip Morris International ha llevado a los tribunales a Australia y Uruguay (que no es socio del TPP) por exigir que los cigarrillos lleven etiquetas que adviertan de su peligro para la salud. Canadá, bajo amenaza de una demanda similar, se echó atrás de introducir una etiqueta de advertencia. Lo cierto es que estas disposiciones hacen que sea difícil a los gobiernos ejercer sus funciones básicas de protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y la protección del medio ambiente.
El acuerdo fue negociado en el mayor sigilo para aprobar sin discusión todas las demandas estadounidenses y de las corporaciones transnacionales, como si se tratara de una capitulación ante siquiera de alguna guerra, y se ha vendido a los países latinoamericanos como la nueva gran oportunidad para incorporarse decisivamente a los flujos comerciales de mayor trascendencia.
Pero Obama al firmar el documento dejó en claro el sentido estratégico de este acuerdo: evitar que China controle el grueso de los flujos de mercancías y servicios en esta importante zona comercial del mundo.
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