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Los familiares de las víctimas esperan que se rompa el pacto existente entre las élites militares y políticas de este país para que se conozca la verdad.
El abogado Jorge Molano espera que una petición de perdón del Estado colombiano por los sucesos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia, signifique realmente un cambio en las prácticas y políticas que ha tenido el país en relación con las víctimas.
El 6 y 7 de noviembre de 1985, ocurrió el asalto al ente en la ciudad de Bogotá, por parte del grupo guerrillero M-19. Por ello, las fuerzas militares colombianas retomaron el edificio de manera violenta y en esa operación cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos.
Luego de 27 horas, el saldo trágico fue de 98 fallecidos, entre ellos 11 magistrados, además de 11 desaparecidos. En octubre pasado, a un mes de cumplirse tres décadas del fatídico hecho, fueron encontrados los restos de tres de las personas con paradero desconocido.
Este viernes se realizará en la capital colombiana un acto oficial con motivo de la fecha, en la que se espera que el presidente Juan Manuel Santos pida perdón y realice un reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado en estos hechos y las violaciones declaradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con Molano, abogado de las víctimas del hecho considerado un holocausto en el país suramericano, esperan que este acto del Estado sea el inicio de la ruptura de ese pacto de silencio que se ha establecido entre la élite política y la élite militar en Colombia para garantizar la impunidad de lo que pasó hace treinta años.
“Ojalá que ese sea el paso para que se establezca la responsabilidad de los máximos mandos tanto civiles como militares que ejecutaron estos crímenes”.
Precisó que desde el año 85 se ha manifestado la existencia del aparato criminal dentro del Estado colombiano, que ha seguido funcionando hasta la actualidad por medio de la ejecución de crímenes en contra la propia población bajo la protección del sistema judicial.
En el caso del Palacio de Justicia, Molano señaló que el Estado colombiano se negó a investigar y solamente en los últimos diez años se empezaron a abrir los procesos. Sin embargo, destacó que quienes estaban al frente de estos procesos y dictaron las primeras condenas empezaron a ser perseguidos, estigmatizados, amenazados y asesinados.
El dato→ El Instituto de Medicina Legal de Colombia informó en octubre sobre la identificación de los restos de tres de los 11 desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, correspondientes a Cristina del Pilar Guarín, Luz Mari Portela León y Lucy Amparo Oviedo.
El abogado repudió que, durante todo este tiempo, se ha visto en la actuación del Estado niveles de crueldad, de barbarie y de degradación de los derechos humanos.
En ese sentido, consideró inaudito que “los familiares de Marina Isabel (Ferrer de Velásquez, una de las víctimas) se hayan enterado a través de los medios de comunicación que el cadáver de su madre había sido exhumado por la Fiscalía General de la nación sin que hubieran sido consultados”. Pero, destacó, es mucho más grave, porque allí donde se suponía que estaba enterrada Marina Isabel reposaban los restos de Cristina del Pilar Guarín.
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