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El militar estadounidense suscribe la doctrina de las “intervenciones necesarias” ante supuestas “crisis humanitarias”
Para el general Jhon F. Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, no hay dudas con respecto a la soberanía: “Las fronteras no importan”, dijo durante su intervención en el Programa de Liderazgo Militar Capstone, realizado en agosto pasado en Paraguay.
“Cuando se trata de temas como el cambio climático, la seguridad marítima, las crisis humanitarias; las fronteras no importan, lo que importa son nuestras alianzas”, fue la frase usada por el alto jefe militar para definir su visión del papel de su país en la subregión.
El jefe del Comando Sur, Jhon F. Kelly
Una visión que le permite enfocar cada supuesta amenaza con una doctrina, desarrollada desde finales de los años 90, que con el argumento de la “responsabilidad de proteger” ha orientado las más recientes intervenciones militares estadounidenses y de sus aliados de la OTAN.
Así lo hizo en mayo pasado cuando impartió una conferencia en el Atlantic Council, un centro de investigación que apuntala la política imperial, y calificó como crisis humanitaria el flujo de niños centroamericanos hacia territorio estadounidense, a través de la frontera mexicana. Y la explicación que daba era que ese desplazamiento humano tenía como propósito salvarlos de una muerte casi segura, debido a la violencia criminal de esas naciones.
Kelly, quien nació y creció en Boston, Massachusets, fue inicialmente alistado de la Infantería de Marina, entre 1970 y 1973, cuando fue dado de baja como sargento, según su perfil oficial.
Tras egresar en 1976 de la Universidad de Massachusets, se convirtió en oficial en la 2a. División de Infantería. Hasta 1987 estuvo en distintas responsabilidades operativas de comando, incluyendo un período en que sirvió en Mayport, Florida, a bordo de los portaaviones USS Forrestal y USS Independence.
En 1987, el mayor Kelly fue trasladado a la Escuela Básica en Quántico, Virginia, donde fungió como jefe de la Sección de Tácticas Ofensivas del Grupo de Tácticas, y posteriormente asumió el cargo de director del Curso de Oficial de Infantería.
Luego de tres años de impartir instrucción a oficiales jóvenes, asistió a la Escuela de Comando y Estado Mayor del Cuerpo de Infantería de Marina y a la Escuela de Guerra Avanzada, ambas localizadas en Quántico, Virginia. Al finalizar dichos cursos, fue ascendido al rango de teniente coronel y nombrado comandante de un Batallón de Reconocimiento Blindado Ligero.
En 1995 fue seleccionado para servir como el oficial de enlace del comandante ante la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. A partir de ese momento, el papel de Kelly comenzó a tener un claro perfil político.
Fue oficial de combate en Bagdad y Tikrit en 2003 y luego en Fallouja en 2004, donde se distinguió por su eficiencia letal, afirma el sitio web Contrainjerencia.
En 2009 dirigió las operaciones de 25 mil soldados norteamericanos en Iraq en medio de amplias misiones de limpieza que dejaban sobre el terreno a decenas de víctimas civiles de todas las edades.
El 26 de junio de este año, Zoriah Miller, una fotógrafa freelance, tomó imágenes de marines muertos en un ataque suicida y las puso en su sitio de internet.
Informado, Kelly le hizo prohibir todo acceso a las zonas del territorio iraquí ocupadas por sus tropas y luego pidió al Pentágono que fuese excluida de todas las instalaciones militares norteamericanas en el mundo.
Kelly fue nominado por el presidente Barack Obama como jefe del Comando Sur, luego de servir, desde marzo de 2011 hasta octubre de 2012, como asistente militar de alto rango al secretario de Defensa.
INFLACIÓN GALOPANTE Y POBREZA CRECIENTE
Antes de sus recientes declaraciones sobre Venezuela en una entrevista de televisión, Kelly había descrito, ante el Comité de Servicios de la Armada del Senado, su evaluación sobre la situación de la nación sudamericana.
Lo hizo el 12 de marzo pasado al presentar en su informe una sección sobre las implicaciones de la inestabilidad en Venezuela.
Allí explicó que los esfuerzos de EEUU para mejorar la estabilidad de la región estaban directamente vinculados con “nuestra capacidad de intervenir” (ability to engage), al tiempo que argumentaba que desde 2003, el Gobierno venezolano había reducido sus tradicionales lazos de estrecha cooperación militar y de defensa con su país.
Venezuela enfrenta ahora una significativa inestabilidad económica, social y política por la creciente pobreza y delincuencia violenta, la inflación galopante y una grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad, aseguraba.
Apuntaba a que los supuestos “abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y mala gestión continua del Gobierno están contribuyendo a un entorno de incertidumbre, y grandes segmentos de la población dicen que el país va por el camino equivocado”.
A este cuadro agregaba que “la caída de los precios del petróleo y el deterioro de las condiciones económicas podrían conducir al Gobierno venezolano a suspender programas de bienestar social y su programa de subsidios del petróleo extranjero, Petrocaribe”.
Y con un evidente sentido de cálculo aseguraba que “más recortes a los programas de bienestar social y la continua escasez –que parecen inevitables– probablemente podría conducir a un aumento de las tensiones y protestas violentas”.
Ese escenario, según la perspectiva, impulsaría “al presidente Maduro y su partido a promover medidas represivas adicionales contra manifestantes y la oposición.”
Y pronosticaba que las probables suspensiones de entregas de crudo de Petrocaribe a sus naciones miembros “podían desencadenar crisis económicas regionales, lo que podría elevar el riesgo de aumento de la migración, especialmente en el Caribe”.
Para la fecha, voceros de la oposición venezolana, y de sus aliados de otros países, hablaban abiertamente de “crisis humanitaria”.
El propio secretario de Estado de EEUU, Jhon Kerry, dijo el 15 de marzo que si la situación en Venezuela llegara a provocar la suspensión del programa de Petrocaribe, podría producirse “una grave crisis humanitaria” en la región, al intervenir en una conferencia sobre energía en el Atlantic Council.
El término usado coincide rigurosamente con lo dicho en febrero por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien afirmó durante su visita a Caracas, que veía venir una crisis humanitaria.
El señalamiento lo realizó en una entrevista publicada por el bogotano diario El Tiempo, el 1 de febrero, y replicada por diversos medios de la región el mismo día.
“¿Qué es lo que más le preocupa hoy de Venezuela, luego de su viaje?”, le preguntó el diario a Pastrana, y este contestó: “Veo venir una crisis humanitaria por el desabastecimiento, y tenemos que llamar la atención del Gobierno sobre los colombianos, que son objeto de discriminación para adquirir productos de primera necesidad.”
“¿Tienen problemas los colombianos?”, le repreguntaron. Y con firmeza dijo: “Sí; cuando descubren que un colombiano está en la fila, lo sacan. Va a venir una crisis humanitaria de verdad profunda. Son colas con miles de personas en busca de alimento, pero para Maduro esas colas no existen. Pero, además, ese problema del desabastecimiento se va a agravar, porque el dinero que Maduro estaba buscando fuera era para comprar comida y no se lo han dado”.
En ese sentido, se orientaban los documentos del abortado golpe de Estado, previsto para el 12 de febrero, que entre sus premisas de justificación advertían sobre el advenimiento en el “corto plazo” de una “emergencia humanitaria”.
Cabe precisar que la tesis de las intervenciones por razones humanitarias tiene entre sus principales defensores a dos altas funcionarias de la política exterior y de seguridad de los EEUU. Ellas son Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional, y la embajadora en la ONU, Samantha Power, quien forma parte del Consejo Nacional de Seguridad (NCS) desde enero del año 2009.
Ambas fueron piezas fundamentales para persuadir al presidente Barack Obama de la “necesidad” de intervenir en Libia, y en el caso de Rice desempeñó un papel clave en la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 2011 que autorizó “todas las medidas necesarias” para proteger a los civiles libios que supuestamente se alzaron y derrocaron a Gadafi.
VÍCTOR HUGO MAJANO / CIUDAD CCS
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