En ese sentido, Carmen Stebbing, auditora y asesora jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirma que muchas naciones latinoamericanas, europeas e incluso en Estados Unidos no contemplan en su normativa electoral los acompañantes, sino que -en algunos casos- tienen solo la figura de invitados.
Stebbing dijo que entre las naciones que no admiten acompañantes se encuentran Brasil, Chile, Canadá y Colombia, entre otros.
En el caso de las auditorías, Stebbing detalló que en la mayoría de los países son solo con el propósito verificar la procedencia de los fondos para la campaña de las distintas organizaciones políticas.
La asesora del CNE asevera que “Venezuela podría ser ejemplo para otros países en materia de auditorías, porque en otras naciones no se encuentran consagradas en la ley ni son de carácter público como en el nuestro, donde incluso ahora se pueden ver en vivo”.
Manifestó que en Venezuela se garantiza la participación de las organizaciones políticas en cada una de las fases de las auditorías, algo que, además de asegurar la pulcritud, revela transparencia y confianza.
A juicio de la especialista, de no ser por los constantes ataques contra el árbitro, se lograrían mayores avances en el sistema automatizado, aunque aclaró que las mejoras han sido reconocidas y están a la vista de todos los sectores.
Por su parte, Ángel Aquino, investigador de la UCV, indica que la ley establece que los acompañantes no pueden hacer declaraciones que favorezcan a alguna de las partes en contienda, emitir juicios del proceso ni del arbitro. Sin embargo, pueden visitar los centros de votación siempre y cuando estén debidamente acreditados ante el CNE. “En otros países, por asumir el papel de dictaminar el ganador serían deportados”.
Salida pacífica. Tanto para las organizaciones políticas nacionales, para los expertos en el tema y los representantes del CNE el proceso de automatización ha traído grandes ventajas para la democracia.
Según Stebbing, uno de los momentos en los cuales quedó en evidencia su importancia fue en el referendo de 2004 “porque dio respuesta pacífica y una solución democrática”.
Por ello, rechaza que se cuestione la imparcialidad del ente comicial siendo que no solo organiza las elecciones presidenciales, municipales y legislativas, sino también que se encarga de los procesos de este tipo que adelantan las organizaciones políticas de gobierno y oposición, los cuerpos colegiados y los sindicatos que lo soliciten.
Por su lado, Juan Carlos Mejía, funcionario de la Oficina Nacional de Registro Civil del CNE, acota que Latinobarómetro, una firma de opinión pública chilena que realiza estudios en 18 países de América Latina, determinó en 2012 que la institución pública con mayor aceptación en la sociedad venezolana era el CNE.
Consultado con respecto a los momentos en los cuales algunos sectores señalan supuestos fraudes, comenta que “es una manera de justificar la derrota en medio de la diatriba política”.
Las estadísticas publicadas del CNE reflejan que luego de la implementación del sistema automatizado los niveles de participación en Venezuela, a pesar de que el voto es un derecho y no un deber, se han incrementado en forma progresiva, hecho este que tanto para Mejía como para Stebbing es un indicador de la confianza en el ente comicial.
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