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La figura de Ricardo Martinelli pasó de la percepción popular del empresario hábil y exitoso, al expresidente (2009-2014) que presuntamente encabezó la mayor red de corrupción administrativa descubierta en el país en 2015.
Sin embargo, al seguir cada uno de los casos de desfalco a las arcas estatales, la traza de pruebas se difumina cuando la justicia se acerca a esta figura.
Y es que personajes claves del entramado como su secretario personal Adolfo Obarrio, y los oficiales del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Ronny Rodríguez y William Pitty, siguen prófugos pese a la orden de búsqueda y captura interpuesta por la Interpol (Policía Internacional).
No obstante, con la decisión de romper su silencio, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia (2012-2014), dio un vuelco a las investigaciones que se siguen contra las presuntas ilegalidades del gobierno de Martinelli.
Durante la indagatoria, el exfuncionario -actualmente recluido en prisión- mencionó nombres de empresarios y políticos beneficiados con sobrecostos, e incluso, con el uso del dinero del Estado para financiar campañas de diputados de varios partidos, en particular, del entonces oficialista Cambio Democrático.
Otro “testigo clave”, quien al parecer no se plegó al chantaje del silencio, fue el investigador de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Vernon Ramos, quien desapareció sin dejar rastros desde el 16 de noviembre de 2012, cuando hurgaba en la casa de valores Financial Pacific (FP).
Tal vez el caso más relevante contra el exmandatario “autoexiliado” en Estados Unidos desde febrero último, sea la imputación directa de su participación en una operación de lavado de activos y actuaciones ilícitas en bolsa de valores de Canadá.
La aparición voluntaria de un testigo excepcional prófugo de la justicia, involucró directamente a Martinelli con FP y ratificó las declaraciones de una exempleada de la misma, Mayte Pellegrini, en reclusión domiciliaria acusada de robar 12 millones de dólares a clientes de la entidad.
“Hasta ahora no me han podido encontrar ni bienes, ni dinero en efectivo, ni cuentas bancarias que lo demuestren, en cambio, yo denuncié lo que estaba ocurriendo dentro de FP y dije de la participación de Martinelli, pero no me escucharon”, declaró Pellegrini a Prensa Latina.
Me enviaron al reclusorio de mujeres y me propusieron que si me retractaba de las acusaciones, nos liberarían a mi hermano, a un amigo y a mí, y ese documento fue elaborado por el entonces Procurador de la Nación y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, afirmó.
Cuando estalló el escándalo de FP, yo me encontraba en Brasil; no obstante, regresé a enfrentar las acusaciones, empecé a denunciar cosas y a presentar pruebas, pero me percaté que todo estaba preparado para sancionarme, recordó.
Al principio pensé que Martinelli pretendía con eso esconder lo de la manipulación de las acciones de Petaquilla Gold que hizo desde High Spirit, su cuenta en la casa de valores, pero después con lo que salió, percibí que quería esconder algo mucho más grande, opinó Pellegrini.
Por las relaciones con el ente financiero fueron investigados Aron Mizrachi y Felipe Virzi, cuñado e integrante del llamado círculo cero del expresidente, respectivamente, a través de los cuales actuaba, y él trató de tapar eso, pero no contó con mi postura de denunciarlo todo, agregó.
Otro caso que ya cuenta con aval del Tribunal de Nápoles fue el de la compra de radares a una empresa italiana, por cuyo contrato Martinelli recibió comisión, lo que consta en el fallo contra Valter Lavítola, quien fue culpado por extorsión.
La justicia napolitana investigó a fondo el supuesto desvío de más de 25 millones de dólares en comisiones por el contrato a Finmeccanica.
“La información recibida menciona directamente al expresidente de la República Ricardo Martinelli y por esta razón fue remitida a la Corte Suprema de Justicia”, explicó Mónica de León, vocera de la Cancillería panameña, al diario La Prensa.
Pero en este entramado criminal, al más puro estilo de la mafia como calificara el excontralor Carlos Vallarino a la administración de Martinelli, la justicia también se vio salpicada por la corrupción, y muestra de ello fue la causa del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
En este capítulo, considerado la mayor acción judicial que recuerden los panameños a lo largo de su historia, el expresidente de la CSJ fue acusado por varios delitos de corrupción, los cuales le valieron cinco años de cárcel como resultado de una negociación con la justicia.
No obstante, el letrado debió responder en conjunto por el origen de 4,4 millones de dólares en 14 cuentas, tres automóviles de lujo y dos apartamentos en un barrio exclusivo de la capital istmeña.
Escándalos que también obligaron a renunciar al exmagistrado de la CSJ Víctor Benavides, a quien acusaron de presuntas ventas de fallos judiciales, y cuya investigación hoy sigue su curso.
Espionaje telefónico
Sin embargo, la nota más dramática de esta telaraña, por la invasión a la privacidad, fue el descubrimiento de que el CSN espió a funcionarios públicos, políticos, religiosos, magistrados, sindicalistas, periodistas, empresarios y otras personalidades de la sociedad civil.
Por ello responden actualmente el exdirector de la Policía, Gustavo Pérez, y Alejandro Garuz, ambos secretarios del CSN, quienes guardan prisión preventiva y son acusados por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, informó la Fiscalía.
Los suministros para espionaje y seguridad estuvieron a cargo de las empresas israelí M.L.M. Protection Ltd. y estadounidense Command Panamá, S.A.
M.L.M. vendió en 2010 un sistema de escucha telefónica por 13,4 millones de dólares a través del entonces Fondo de Inversión Social, posteriormente PAN, en esa época en manos de Giacomo Tamburrelli.
El equipamiento fue desmantelado del lugar donde supuestamente estuvo y desapareció, aunque declaraciones de políticos locales aseguran que Ronny Rodríguez, un excomisionado de la Policía buscado por la justicia, escapó con el aparato al extranjero.
Por su parte, el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Yassir Purcait declaró al magistrado Harry Díaz, fiscal del proceso, que el entonces Presidente en 2011 le mostró en su despacho grabaciones de audio de llamadas telefónicas, en las que supuestamente se planeaba un atentado contra su vida.
Basado en ese hecho, Purcait dice estar convencido de que Martinelli tenía conocimiento de las interceptaciones telefónicas desde el CSN.
En la misma indagatoria que realiza la CSJ por la condición de diputado centroamericano del expresidente, rindió declaración el exagente del CSN Jaime Agrazal, quien ratificó que Ronny se reunía con Martinelli todas las mañanas en la Presidencia.
“Yo tenía conocimiento de que hacían espionaje telefónico de personas metidas en la política; incluso, empresarios, periodistas y opositores del gobierno de Cambio Democrático”, dijo antes a la Fiscalía.
A pesar del cúmulo de imputaciones, el expresidente y sus más furibundos defensores repiten que se trata de “persecución política”, argumento que a nivel de la sociedad pocos dan crédito.
Algunos, como la integrante del PRD, Balbina Herrera, reiteran públicamente que esperan ver sentado al máximo culpable ante la justicia panameña; en cambio, otros como Pellegrini afirman no confiar en el sistema porque asumen que hay complicidad.
Para los analistas se trata de un enfrentamiento entre grupos económicos que se ajustan cuentas al más puro estilo de las mafias, y todo llegará hasta donde quiera llevarlo el que actualmente tiene el poder.
En cambio, el ciudadano humilde observa el escenario y opina que algo cambió en su país, mientras sueña con una sociedad mejorada.
Nubia Piqueras Grosso
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