El abogado que representa a algunas víctimas del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” manifestó que la Fiscalía debe considerar las declaraciones del campesino Eunicio Pineda Luján.
Santiago Uribe no sólo debe ser investigado por concierto para delinquir y homicidio agravado, sino que también se deben formular cargos por las torturas y el desplazamiento forzado del campesino Eunicio Pineda Luján.
Así lo solicitó ante la Fiscalía colombiana, Daniel Prado, abogado que representa a algunas de las víctimas del grupo paramilitar denominado “Los 12 Apóstoles”.
Prado indicó que debe llamarse nuevamente a indagatoria al hermano del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y que se consideren las declaraciones de Pineda Luján en las que explicó cómo fue torturado por los miembros del grupo.
Pineda es uno de los principales testigos de la Fiscalía. Trabajó en una finca vecina a La Carolina, propiedad de los Uribe, donde fue testigo directo de la creación de “Los 12 Apóstoles”.
“Pineda Luján era un señor que prestaba los servicios de ordeñador en la finca contigua a la finca La Carolina, donde tenía asiento este grupo paramilitar”, dijo el jurista.
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Asimismo, Prado señaló que tanto Santiago como el expresidente deben indicar cuál es su responsabilidad en esos hechos.
Pineda Luján permanece exiliado en Europa y es una pieza clave para vincular a Santiago con el homicidio del conductor Camilo Barrientos Durán, que ocurrió en 1994.
En contexto
Santiago Uribe ha sido citado varias veces por la Fiscalía para dar explicaciones sobre sus supuestos nexos con grupos paramilitares, en particular con el denominado “Los 12 Apóstoles”, y las órdenes que se habrían dado desde la finca La Carolina para cometer varios crímenes en el sector de Yarumal (Antioquia).
Fue capturado el 29 de febrero y se le investiga por homicidio agravado y concierto para delinquir.
El grupo de “Los 12 apóstoles” ha sido acusado por las autoridades de perpetuar varios crímenes en el departamento de Antioquia en la década de los noventa.
Las acusaciones al expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus nexos con el paramilitarismo han ido en aumento, tanto en número como en importancia. Ya no se trata de anónimos y escritos con denuncias en las paredes de algunas calles donde se lee “Uribe, paraco”, sino de tribunales de justicia.
Así, por ejemplo, el 5 de septiembre de 2013 el Tribunal Superior de Medellín presentó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigara al expresidente Uribe por su apoyo en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia.
El fallo, firmado por los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón solicitó investigar a Uribe después de encontrar indicios de que durante su Gobernación en Antioquia, entre los años 1995 y 1997, se creó el proyecto de Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom) que terminó por ser un “laboratorio del paramilitarismo” y promover las conocidas Convivir.
Uno de los crímenes más sonados durante la gestión de Uribe, en el departamento antioqueño, fue la Masacre del Aro en la que fallecieron 15 personas a manos de las Autodefensas de Colombia, a las que fue vinculado Salvatore Mancuso, quien años más tarde confesó la autoría tanto de esa masacre como de la de Mapiripán, en el Meta colombiano.
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