Martha Ruíz / Revista Semana
Nadie estaba combatiendo a los paramilitares mientras el cese al fuego inundaba de sangre al país.
En noviembre del 2002, apenas dos meses después de que Uribe se posesionó como presidente, las AUC anunciaron un cese del fuego unilateral, para cumplir la única condición que el Gobierno les ponía para sentarse a negociar. Fue así como en junio del 2003 se instaló la mesa de Santa Fe Ralito, con Luis Carlos Restrepo de un lado y Carlos Castaño del otro.
Sin embargo, en febrero del 2004, las AUC mataron a Marta Lucía Hernández, directora del Parque Tayrona, quien se oponía a la titulación fraudulenta de predios que auspiciaban los paramilitares allí. Frente al asesinato, la mesa de Ralito guardó silencio.
En abril de ese mismo año, las AUC mataron a su propio jefe, Carlos Castaño, y la negociación siguió como si nada. La prensa denunció que se trataba de una conspiración de los narcos para adueñarse del proceso. Luego mataron a ‘Doble Cero’, Miguel Arroyave, Rodrigo Cadena… y del lado del Gobierno, nadie se paró de la mesa.
En julio de ese mismo año se encontró una avioneta con cocaína, atribuida a Ernesto Báez. Durante todo el cese hubo evidencia abundante de que las AUC seguían en el negocio del narcotráfico. Y nadie se levantó de la mesa.
En septiembre del 2004, las AUC acribillaron en Barranquilla al ilustre profesor Alfredo Correa de Andreis. Por supuesto, no hubo conmoción en la mesa.
En febrero del 2005, paramilitares de Urabá y miembros de Ejército masacraron a dos familias en La Resbalosa, San José de Apartadó. Entre otras cosas, degollaron a los niños. Pero nadie se levantó de la mesa.
Pobladores de San José de Apartadó, víctimas del Terrorismo estatal-paramilitar.
Según la Comisión Colombiana de Juristas, las AUC cometieron más de 2.500 asesinatos y desapariciones durante el cese al fuego. Y según cifras de la propia Vicepresidencia, en los dos primeros años de dicho cese los grupos paramilitares cometieron más de 40 masacres. Obviamente, nadie se paró de la mesa.
En el 2003, en pleno cese al fuego, las AUC hicieron pactos con políticos en casi todo el país. Asesinaron candidatos en todas partes para hacerse con el poder local. Uno de ellos fue Tirso Vélez, quien aspiraba a la Gobernación de Norte de Santander. Como imaginarán, no pasó nada en la mesa.
Cuando el remedo de “cese al fuego” hizo crisis, algún periodista de SEMANA le preguntó a Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz del gobierno Uribe, qué tenía para decir al respecto. Esto fue lo que respondió:
“Mi estilo no es salir histéricamente a los medios de comunicación a reaccionar ante cada episodio en el que puedan estar involucradas las autodefensas. Mi trabajo es producir hechos de paz, lograr que efectivamente estos grupos se desmovilicen”.
Entonces el gobierno de Uribe estaba cocinando un proyecto de perdón y olvido, llamado pomposamente Ley de alternatividad penal, que el Congreso rechazó aun antes de ser presentado.
Sobra decir que nadie estaba combatiendo a los paramilitares mientras el cese al fuego inundaba de sangre al país. Por el contrario, el jefe de seguridad del presidente Uribe, como ya está probado, trabajaba para ellos. Y no exactamente construyendo paz.
La agenda de la negociación de Ralito nunca se conoció. De vez en cuando, desde la prisión, los jefes de las AUC denuncian que el Gobierno les incumplió ciertas promesas hechas en la mesa. Y desde la clandestinidad, Restrepo responde que todo es mentira. Eso es todo.
(…)
Desde hace cuatro meses el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC intentan ponerle fin al conflicto armado que vive Colombia desde hace 50 años. Pactaron una agenda que es de conocimiento público y unas reglas del juego que están expuestas claramente sobre la mesa. Reglas que, por cierto, no incluyen el cese al fuego. La presión militar contra la guerrilla no ha dado tregua un solo día.
Aun así, Álvaro Uribe exhibe fotos de los muertos en combate, exige que el Gobierno suspenda los diálogos de La Habana y nos advierte que esta vez habrá impunidad.
¡Qué falta de pudor!
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