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El gobierno atiende los lineamientos regresivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, lo que no hará más que agravar la crisis.
Varios expertos coinciden en mencionar los factores que han incidido en el carácter recesivo de la economía en 2015. Así mismo, dados la ruta mostrada hacia el 2016, no se augura mejoría, por el contrario, se avizoran días difíciles para la mayoría del pueblo colombiano. Escenarios como el llamado “posconflicto” y la plataforma para la “paz”, contrastan con la realidad económica, esto es, el gobierno Santos no tiene los recursos para dichos planes, hay un proyecto desfinanciado que quiere ser paleado por el bolsillo de los colombianos.
Para el economista Libardo Sarmiento, la economía mundial y la colombiana han sido testigos de la caída del PIB (Producto Interno Bruto) durante el 2015. Para el 2016 las posibilidades de recuperación son muy poco probables, ya que el país ve debilitada su actividad económica gracias a la baja en los ingresos petroleros.
Una política económica errada
Según el economista Andrés Fuerte: “La principal preocupación en materia económica en este momento es la caída de los precios de los commodities, fundamentalmente del petróleo. En las bases del Plan de Desarrollo, el gobierno Santos hacía cuentas de un barril a 81 dolares y hoy se cotiza a 36 dolares. Esto significa menor disponibilidad de recursos para el gobierno, consecuencia de la decisión equivocada de llevar al país por la senda del extractivismo. Como constancia de ello, tenemos el proyecto de endeudamiento por 13 mil millones de dolares adicionales, aprobado al final de este periodo legislativo. Hay menos recursos disponibles para inversión social y de otro lado, surge la necesidad de adelantar nuevas reformas tributarias y el gobierno propone algunos instrumentos especialmente regresivos, como incrementos en el IVA, en línea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-”.
A este revés económico producto de la equivocada política extractiva, se le han ido sumando elementos que agrandan la gravedad de la situación y que tienen consecuencias directas en la vida de los colombianos. Para Fuerte: “La caída del petróleo va acompañada de una profunda devaluación, tenemos que pagar más pesos por cada dólar. La consecuencia de este fenómeno que más toca a la gente es la inflación, debido al aumento de los precios de los bienes importados, que cada vez son más, incluyendo los alimentos. En la negociación del salario mínimo, los gremios no están dispuestos a reconocer esta realidad, su ofrecimiento significa un incremento que apenas iguala la variación del IPC -Índice de Precios al Consumo-, como ordena la ley, que terminará el año cercana al 7%. No se reconoce ninguna mejora en la productividad ni se prevé mayores aumentos en el costo de vida para el 2016”.
Sin muchas alternativas de cambio
Con ese panorama sombrío tampoco son muchas las posibilidades que se hayan generado, la aplicación a ultranza del modelo extractivista menguó las opciones de afrontar desde otros campos de producción nacional. “La devaluación debiera favorecer la exportación de bienes producidos en Colombia, pero al contrario, en los diez primeros meses de este año han caído un 35%. Los estragos de la apertura económica que se sigue profundizando, parecen eliminar cualquier posibilidad de que la industria colombiana renazca”. Explica Andrés Fuerte.
También el empleo es un factor problemático. La posibilidad de un aumento en el IVA, podría tener como efecto de contragolpe la incentivación de la economía informal, los propios empresarios ya han manifestado esta preocupación. Que se suma a las consecuencias que también ha traído la baja petrolera en regiones con alta dependencia de la extracción del crudo.
En este terreno laboral todo parece indicar que se cerrará el año con alertas, las negociaciones entre gobierno y centrales obreras para fijar el porcentaje de aumento en el salario mínimo distan mucho de llegar a un posible acuerdo. Mientras el gobierno con el ministro de trabajo, Luis Eduardo Garzón, a la cabeza se plantea un aumento entre el 6.8 y el 7%, es decir 43.815 pesos. Tres de las cuatro centrales obreras coincidieron en un aumento del 8,5% equivalentes a 54.759 pesos. La Central Unitaria de Trabajadores -CUT- se plantó en aumentar un 11% (70.878 pesos), quedando un salario mínimo de 715.228 pesos.
El desacuerdo seguramente llevará a que en las próximas horas el gobierno anuncie el incremento por medio de un decreto. Mientras las centrales obreras ya empiezan a hablar de un paro nacional.
Así las cosas, el panorama económico es bastante desalentador, Andrés Fuerte concluye planteando que: “Desempleo, encarecimiento del costo de vida y menor disponibilidad de recursos para los derechos sociales, conforman el panorama para 2016. El gobierno colombiano no fue precisamente generoso con los derechos de la gente ni con los reclamos del movimiento social en las épocas del auge minero-energético, menos lo será ahora en las vacas flacas. La contracción del presupuesto público, consecuencia de un modelo económico que el propio gobierno promueve y pretende profundizar a pesar de la evidencia de su fracaso, será una nueva restricción que se querrá imponer a las demandas del movimiento social y que debemos rechazar de plano”.
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