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Un interrogatorio en la Fiscalía y una investigación preliminar en la Corte Suprema, los nuevos asuntos que tendrá que enfrentar.
Álvaro Uribe ya estaba advertido. Su decisión de hacerle oposición a Juan Manuel Santos, como senador y no como expresidente, políticamente le resultaría más efectiva, pero jurídicamente le traería más de un dolor de cabeza.
Uribe era consciente de que, al quitarse su traje de expresidente y ponerse encima el de senador, se exponía a nuevos tribunales que antes no podían tocarlo. Desde cuando se posesionó el pasado mes de julio, ya no sólo la Comisión de Acusaciones de la Cámara (en vías de extinción) se ocupaba de investigarlo. Ahora quedaba vulnerable y expuesto a procesos en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, en lo que a materia penal se refiere.
El expresidente y senador lo comprobó como nunca en las recientes 24 horas. Mientras Uribe era noticia en los medios políticos al manifestar su abierta oposición a la reforma de la reelección de alcaldes y gobernadores, las páginas judiciales lo tenían como protagonista. Quizá ningún dirigente en este país había tenido una jornada tan vertiginosa.
A primera hora del jueves, Uribe se desayunó con la decisión del fiscal Eduardo Montealegre de llamarlo a interrogatorio para que le diga a la Fiscalía, de una vez por todas, cuáles son esas pruebas que dice tener sobre el ingreso de dos millones de dólares del narcotráfico a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010.
Uribe, meses atrás, había ido a la Fiscalía con ese propósito. Lo único que hizo fue lustrarse los zapatos. Quien sí conoció su testimonio fue la Procuraduría. Una versión de oídas era su prueba, una información que un abogado le contó en el Valle al excandidato a la vicepresidencia Carlos Holmes Trujillo.
En la tarde, Uribe se enteró por los medios de comunicación de que la Corte Suprema había abierto la primera investigación preliminar en su contra desde que se posesionó como senador. Lo hizo por las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda, quien trabajó en la campaña presidencial del uribismo y fue detenido por haber interceptado ilegalmente comunicaciones, incluso las de los negociadores de paz.
Sepúlveda, en la célebre entrevista que le concedió a SEMANA y en recientes testimonios que entregó a la propia Corte, aseguró que el expresidente sabía de las interceptaciones a líderes políticos y miembros de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana.
Y por si fuera poco, en la mañana de este viernes, la Fiscalía decidió compulsarle copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Uribe por presunta tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta García, una de las personas que se han registrado como víctima de las ‘chuzadas’ del DAS, uno de los mayores escándalos del gobierno de Álvaro Uribe.
Todo eso le pasó a Uribe en menos de 24 horas. Ahora deberá alternar sus labores legislativas en el Congreso, la orientación de su partido político, con las diligencias que decidan programarle las autoridades judiciales. Probablemente, si Uribe no se hubiera ‘rebajado’ de expresidente a senador, nada de esto le habría sucedido. Y apenas es el comienzo. Aún le quedan casi cuatro años en el Congreso.
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