SI LLEGASEN LOS FASCISTAS AL GOBIERNO, SE REPETIRÍAN ESTOS CRÍMENES CONTRA LOS QUE PIENSAN DISTINTO.
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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló en su artículo de opinión que “durante décadas, entre 1958 y 1998, el país vivió bajo la ignominia de la violación a las garantías fundamentales” y acotó que “se delineó desde altas instancias del Estado una política para aniquilar a la disidencia política“.
Asimismo, indicó que desde el Ministerio Público se lleva a cabo una investigación penal “para dar con los responsables” de la “Masacre de Cantaura” que “pese a su gravedad no atrajo la atención de organismos internacionales y ong´s defensoras de los derechos humanos“.
Apuntó que este año esperan presentar la acusación contra los responsables del suceso, así como “la concreción de las órdenes de aprehensión libradas”.
A continuación el artículo íntegro:
El próximo 4 de octubre se cumplen 32 años de la “Masacre de Cantaura”, ocurrida en una zona cercana a esa población del estado Anzoátegui, donde, a manos de funcionarios del Estado de la llamada IV República, perdieron la vida 23 luchadores sociales, muchos de ellos estudiantes universitarios.
Más de 400 efectivos de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y de las Fuerzas Armadas de la época actuaron para segar la vida de estos jóvenes. Fue así como la aviación bombardeó, con aeronaves Canberra, el área en la que estaban reunidos los disidentes políticos, para luego del ataque aéreo entrar en acción el Ejército, la Disip y la DIM.
Este trágico suceso es una muestra de nuestro oprobioso pasado. Durante décadas, entre 1958 y 1998, el país vivió bajo la ignominia de la violación a las garantías fundamentales. Se delineó desde altas instancias del Estado una política para aniquilar a la disidencia política, irrespetando los distintos pactos y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, incluyendo el Derecho Internacional Humanitario que se aplica para la protección de personas que no se encuentran incursas en los conflictos armados.
En el Ministerio Público, como parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad, llevamos adelante una investigación penal para dar con los responsables de este hecho, que pese a su gravedad no atrajo la atención de organismos internacionales y ong´s defensoras de los derechos humanos.
Hasta ahora, hemos logrado individualizar responsabilidades penales gracias al trabajo técnico, científico y jurídico de los fiscales de Protección de Derechos Fundamentales y de nuestros equipos de científicos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Para este mismo año, esperamos presentar la acusación contra los responsables de este hecho, así como la concreción de las órdenes de aprehensión libradas.
Nuestra voluntad y compromiso con el esclarecimiento de este y otros sucesos que enlutaron a nuestro país, buscan la justicia tan añorada por muchos a lo largo de estos años, en especial por los familiares de las víctimas. Además, tiene como objetivo contribuir a la construcción de la Memoria Colectiva para evitar que este tipo de eventos violatorios de la vida y de la integridad física no se vuelvan a repetir.
Fiscal General de la República.
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