AVN
El terror, característica esencial del paramilitarismo colombiano, ha sido el método importado por la derecha desde Colombia como recurso propagandístico para sembrar el miedo en la población venezolana, frenar el avance de la Revolución Bolivariana y desmoralizar al chavismo.
Este tipo de estrategias, que contemplan masacres, asesinatos, desapariciones y torturas son prácticas comunes en Colombia y están vinculadas con los intereses y privilegios de la burguesía, como lo explican Luis Britto García y Miguel Pérez Pirela en el libro La invasión paramilitar, Operación Daktari (2012).
Los autores detallan que el paramilitarismo no solo mantiene estrecha complicidad con las clases dominantes y sus estructuras de poder sino que "ejerce el genocidio, el pillaje y la violencia sin la menor limitación jurídica, ética ni racional".
"Una operación militar o paramilitar no es nunca un hecho aislado. Sin logística no hay operativo", precisan los investigadores, al advertir que cada plan es pensado por meses, y advierten que aunque es introducido por "sectores engañados con la ilusión de que pueden manejarlo", el paramilitarismo -al utilizar el terror-termina devorando a quienes lo importan y ejecutan.
De vieja data
Desde 2004 sectores antidemocráticos en el país, con apoyo extranjero, han promovido actos paramilitares como parte fundamental del plan de sedición contra la democracia y el Gobierno constitucional venezolano.
La captura aquel año de 183 paramilitares colombianos en la hacienda Daktari, ubicada en el municipio El Hatillo del estado Miranda, cerca de Caracas, quienes fueron contratados para asesinar al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y generar caos en el país es un hecho fehaciente que evidencia las intenciones de vieja data que mantiene la derecha.
Recientemente, las autoridades difundieron varios videos en los que el activista de la extrema derecha venezolana Lorent Gómez, revela abiertamente un plan terrorista que incluye asesinatos selectivos a figuras de la Revolución y actos de sabotaje en instalaciones públicas y privadas en Venezuela.
Esta nueva fase de desestabilización subversiva, guerra sucia y terrorismo mediático por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos contra Venezuela fue explicada en una investigación titulada España y la tercerización del caos en Venezuela del periodista y profesor universitario Carlos Fazio, publicada el pasado 29 de septiembre en el portal Rebelión.
La investigación revela que esta nueva arremetida tiene como protagonistas a Julio Borges y el alcalde de Chacao, en el estado Miranda, Ramón Muchacho, ambos del partido Primero Justicia, y la ex diputada opositora María Machado, quienes participaron en las conferencias denominadas Campus FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) 2014, celebradas en Madrid a finales de junio y principios de julio pasado.
Tan sólo a dos meses de esa reunión, el pasado miércoles fueron asesinados el diputado a la Asamblea Nacional, Robert Serra, y su compañera María Herrera.
"No se trata de un hecho azaroso cometido por la delincuencia común. Estamos en presencia de un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión", reveló en rueda de prensa el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
La muerte de Serra también se produce cinco meses después de que Eliécer Otaiza, presidente del Concejo Municipal de Caracas, formado en las fuerzas élites militares venezolanas, fuera hallado asesinado, con signos de tortura e impactos de balas.
Tras el asesinato del diputado Serra, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, alertó que "es una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo colombiano".
El titular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, advirtió en mayo pasado que en Venezuela está en marcha un plan de sedición con fines claros: derrocar al Gobierno legítimamente electo. Esto a propósito de los actos de terrorismo que se desarrollaron en algunas regiones del país durante los primeros meses de 2014 bajo la fachada de "protestas" que ocasionaron la muerte de 42 personas y más de 800 heridos.
Rodríguez Torres señaló que la ultraderecha venezolana mantiene como aliado en su plan al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, identificado como operador del paramilitarismo y narcotráfico en su país.
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