EL CONSEJO ASESOR DE BACHELET NO TIENE LEGITIMIDAD PARA PONERLE COTO A LA CORRUPCIÓN POLÍTICO-EMPRESARIAL

Leopoldo Lavín Mujica

Rebelión

Una vez más en la historia de Chile sólo el pueblo organizado con sus movimientos sociales pueden reponer la esperanza en un Chile diferente. Ya no hay campaña mediática que pueda ocultarlo.

El país vive una profunda crisis política acumulativa debido al quiebre de la legitimidad de la política parlamentaria, a la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones compartidas por la casta política binominal durante la transición pactada, al destape de las prácticas empresariales corruptas como modo habitual de los grandes grupos económicos de enriquecerse e imponer sus decisiones mediante la compra de políticos, al cohecho de funcionarios de un Estado donde al nepotismo se le hace la vista gorda, a las colusiones entre empresas para controlar mercados y subir precios de productos esenciales, a la desobediencia de poderosas sociedades mineras a las resoluciones de los más altos tribunales de justicia que buscan proteger a comunidades avasalladas por la lógica primario-extractivista del capitalismo depredador.

Y a lo anterior se añaden las esperas injustificadas en la implementación de las demandas de educación pública, salud, pensiones, leyes laborales y vivienda dignas con las cuales fueron elegidos el gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría.

Es el consenso de la casta política binominal en torno al modelo neoliberal y a su institucionalidad jurídico política que han llevado a la sociedad entera a un atolladero político-social. Y a la pérdida de ilusiones en la política de la casta binominal.

Las sociedades del mundo entero enfrentan problemáticas parecidas. En la boca de las elites tal razonamiento es pretexto para decir “así es el mundo”, “no hay nada que hacer” y esta es la “naturaleza humana”. “Nosotros o el caos” era también la consigna del dictador Pinochet. Con tales propósitos impregnados de cinismo, las clases dominantes buscan ocultar que en todos los rincones de cada nación hay quienes denuncian y resisten al talón de hierro del capital y a la política de las elites corruptas. En todas partes se alzan voces dignas para manifestar que otra sociedad y una vida alternativa son posibles.

Y es así como las jóvenes generaciones han aprendido, en contacto con los medios y el trabajo de investigación de algunos jueces-fiscales y periodistas, el vocabulario o neo-lenguaje que debe manejarse para entender como funciona la política imperante en el sistema actual: boletas ideológicamente falsas, coimas, fraude al fisco, tráfico de influencias, delito de iniciado, lavado de dineros, cohecho, uso de información privilegiada para negociar y especular con los suelos, nepotismo, financiamiento oscuro de la política, contratos forwards, platas o cajas negras, etc.

En razón de lo anterior, una fracción importante de la ciudadanía desconfía de los consejos o comités que un Gobierno designa con el dedo para enfrentar la corrupción y los conflictos de interés instalados en su propio seno. O de un parlamento cómplice con lealtades de casta, incapaz, por lo tanto, según el sentido común, de legislarse para corregirse a sí mismo.

Varios mitos se van al carajo, uno tras otro. Es de lo más normal que la ultraderecha chilena (la UDI, Renovación Nacional y sus satélites) sea financiada por el gran capital nacional y transnacional y quebrante la ley con tal de hacer elegir sus políticos en comisión de servicios. La vieja derecha chilena sigue representando al mundo del neoliberalismo, de la explotación del trabajo asalariado, de la ganancia a lo que cueste —incluida la destrucción del medio ambiente— y del individualismo posesivo. Pese a sus tentativas por parecer “liberals”.

Y poco importa en qué universidad hayan sido formados los empresarios y tecnócratas que comulgan con estos preceptos; el resultado es el mismo. Puesto que los programas del capitalismo aplicado son similares ya sea en las escuelas de negocios (MBA) de Beijing, Boston, Santiago o París: maximizar las ganancias con métodos elaborados por la “ciencia económica” y sus técnicas de management. No hay contradicción en adorar un Dios e ir a misa; ser anti-aborto y al mismo tiempo servir incondicionalmente al becerro de oro. Da lo mismo el collar del gato con tal que cace ratones. No lo es, por tanto, el que la Nueva Mayoría, esa coalición que se reivindicaba de una cierta tradición de izquierda, socialista-comunista, por la democracia, la ciudadanía y el humanismo integral y, que dice aún defender los valores de la justicia y de la igualdad social haya adoptado no sólo las prácticas de la derecha chilena heredera ideológica de la dictadura pinochetista, sino que también esté íntimamente ligada a los mismos intereses a los cuales sirve su congénere de ultraderecha —el de los poderosos grupos económicos— al punto de que sus campañas políticas sean financiadas por éstos y que su personal dirigente transite de la política a la administración de los negocios o a la defensa jurídica de esas empresas y de sus dueños, los Penta boys, Ponce Lerou, Luksic y tantos otros …

Es evidente que esto pone en entredicho el discurso moral, legalista y patriótico de la Presidenta. Más aún si ella no supo contener su entorno íntimo (de militancia socialista) para que éste no sucumbiera a las mismas prácticas corruptas y ávidas del lucro fácil de los neoliberales, aborrecidas por la ciudadanía trabajadora. El mito Bachelet se acabó de manera burda. Por nepotismo y por exceso de confianza y falta de crítica de sus equipos ministeriales y de sus escuderos de la vieja guardia concertacionista. La mandataria decepcionó.

Si así ocurrió fue y es porque las varas éticas nunca han sido otra cosa que coartadas morales y porque las instituciones actuales no son garantía de probidad. En la relación entre superestructuras jurídico-políticas y relaciones económicas capitalistas de propiedad y producción, son estas estas últimas las que mandan e imponen sus prácticas. En estos casos la ética es un fetiche: un discurso vacío que suple la falta de convicciones políticas ciudadanas profundas. A lo anterior se conjuga la nula regulación del poder corruptor del capital productivo y financiero por parte de un Estado configurado para ser útil en defender los intereses de las castas oligárquicas e ineficiente en la defensa de lo común. La razón es simple: la NM es una coalición que busca producir reformas para limar los efectos perversos del neoliberalismo y a producir consenso en torno a los fundamentos del capitalismo y de la democracia liberal y representativa. A modo de ejemplo. Pregúntese si hay un debate ideológico o de proyecto país al interior del Partido Socialista en el marco eleccionario y de competencia por la dirección entre I. Allende y C. Escalona. Cero.

En este contexto el llamado Consejo asesor anticorrupción es un producto más de la mentalidad de los consensos que se incrustó en el establishment dominante chileno desde que la dictadura fuera derrotada por el pueblo en lucha en los ochenta. Son expertos (designe al “experto y elija el matiz de la opinión consensuada) que piensan en términos de producir consensos. El consenso corresponde a un “sistema de operaciones de poder y de modos de representación que funciona con el nombre de ‘democracia” (Jacques Rancière).

El que un abanico de personalidades notables produzca consenso en torno de una lista de almacén de buenos procedimientos para llegar a acuerdo “patriótico”, no es un ejercicio democrático: es mantener el matrimonio entre una ideología social-liberal blanda y una de derecha reaccionaria que oscila de tibia a dura. Es una maniobra para escamotearle el poder al pueblo de poder deliberar. Y de evitar la cuestión de cómo hacerlo.

Cuando las instituciones han sido contaminadas por un actuar político reiterado, al punto de generar una cultura de la corrupción y de malas prácticas, sólo medidas radicales como iniciar un proceso constituyente puede generar confianza en la ciudadanía. Y si la elección de una Asamblea Constituyente democrática es un paso importante, tampoco es la panacea si quienes son elegidos y la integran responden subjetivamente a quienes tienen el poder de los partidos tradicionales corruptos, de los medios, de la ideología y del capital (algo así como un consejo asesor ampliado). Un proceso constituyente se caracteriza por una ciudadanía que se pone en estado permanente de movilización general con sus demandas concretas por delante, alimentada por debates intensos y en posición óptima de deliberar (bien informada). Es el temor de que aquello pueda acontecer que se anida en el cortex cerebral del bloque dominante.

Será el miedo a la democracia real de la oligarquía empresarial, de la derecha toda, de la vieja guardia concertacionista y de la Nueva Mayoría en su conjunto el que los llevará a intentar restablecer consensos para bricolar mecánicamente las viejas instituciones heredadas de la dictadura y excluir al pueblo ciudadano de las decisiones democráticas.