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La aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, puede “conducir a la restricción desproporcionada de los derechos fundamentales” en España, denuncia a Sputnik Nóvosti Patricia Goico, directora adjunta de Rights International Spain.
La ley mordaza, que entró en vigor el pasado 1 de julio, ya se ha comenzado a aplicar en España: los primeros casos son un joven canario que criticó en Facebook a la Policía de su pueblo y una prostituta rumana por “exhibición obscena del cuerpo desnudo y de las partes más íntimas”; los dos podrían ser multados con hasta 600 euros.
La denuncia contra el joven canario Eduardo Díaz, de 27 años, por tachar de “casta de escaqueados” y “cracks” a la Policía Local de Güimar “sienta un precedente peligroso”, pero no es “sorprendente”, señala Goico, cuya organización, añade, ya había denunciado en numerosas ocasiones que se iban a producir estas situaciones “absurdas”.
La nueva norma criminaliza las protestas, restringe la actividad informativa y recorta la libertad de expresión, entre otras cuestiones.
El texto de esta ley “es muy amplio, muy ambiguo y totalmente innecesario”, insiste Goico: “la aprobación de la ley era totalmente innecesaria”, además, “la manera en la que está redactada se presta a una aplicación arbitraria del articulado que lleva precisamente a sancionar comportamientos que son puro ejercicio de derecho”.
“Que alguien emita un juicio de valor diciendo que la Policía o cualquier funcionario público es un escaqueado es en sí mismo un ejercicio de libertad de expresión”, defiende la activista a esta agencia.
Agrega que “ya habíamos alertado de esto, que su aplicación podía dar lugar a grandes despropósitos y a imposición de multas por comportamientos que en una democracia y en un Estado de derecho no deben merecer un reproche de este calibre, un reproche sancionar o penal o vía imposición de multas de elevada cuantía”.
Otra cosa “es un reproche social”, opina a esta agencia.
Goico denuncia que es un texto “muy restrictivo de derechos”, cuya aplicación “puede conducir a la restricción desproporcionada de derechos fundamentales” ya que, a diferencia del Código Penal, donde la aplicación corresponde a jueces y tribunales, en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana “corresponde en primer lugar a la Administración”.
“El riesgo de una aplicación desproporcionada y arbitraria” de esta ley “es muy grande”, insiste.
Ante la indefensión en la que puede quedar el ciudadano, la organización y otras asociaciones civiles y de jueces han “presentado los recursos de anticonstitucionalidad y han alertado a instancias internacionales, como son Naciones Unidas y el Consejo de Europa”, explica.
El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, ha hecho caso omiso de las recomendaciones de los organismos públicos internacionales, lamenta.
Hace unos meses Naciones Unidas, remitió una nota al Gobierno “urgiéndole a no aprobar la ley y a retirar el proyecto”, porque consideraba “que iba a conducir a una restricción excesiva de derechos humanos”.
También el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa “se ha pronunciado en sucesivas ocasiones sobre la nula necesidad de aprobar esta ley, de la deficiencia en su redactado y de las consecuencias restrictivas de derechos humanos”.
Durante la tramitación del texto, casos como el del joven canario multado por opinar sobre la Policía de su pueblo, eran precisamente “los escenarios que nos planteábamos”, casos “absurdos” que sancionan comportamientos “que no suponen ninguna violencia, ni alteración de la seguridad ciudadana, ni riesgo para los valores colectivos”, alega Goico, que denuncia que esta nueva norma castiga “el ejercicio de derechos fundamentales”.
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