Resumen Latinoamericano
El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda penal contra ‘la Reina de las Torturas’ de la CIA, Alfreda Frances Bikowsky, por haber autorizado y participado en interrogatorios violentos a sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Al Qaeda.
En 2003 un ciudadano alemán nacido en Kuwait, Jalid El Masri, fue apresado por error en Macedonia porque se le confundió con un integrante de la trama de los ataques del 11-S. Aunque un agente de la CIA advirtió sobre el malentendido, Alfreda Frances Bikowsky insistió en que le enviaran a Afganistán, en donde le interrogaron de manera violenta durante cuatro meses, tras los cuales le pusieron en libertad y logró regresar a Alemania, informa Al Jazeera.
El encargado de la división de Crímenes Internacionales y Responsabilidad Legal de los activistas del ECCHR, Andreas Schüller, ha asegurado que “en Alemania ya se han tramitado las órdenes de arresto para la tripulación del avión que trasladó a El Masri a Afganistan, así que simplemente estamos siguiendo la cadena de mando”. Además, la denuncia refleja que un informe sobre torturas que el Senado de Estados Unidos hizo público el pasado mes de diciembre ofrece evidencias de la relación entre Bikowsky y el trato que recibió El Masri.
Alfreda Frances Bikowsky, conocida en medios norteamericanos como ‘la Reina de las Torturas’ —según el informe de la Comisión del Senado sobre Inteligencia estadounidense—, no sólo habría autorizado el uso de torturas durante los interrogatorios, sino que también habría participado en ellos. Esta agente, nacida en 1965, inició su carrera en la CIA en 1990, cuando participó en operaciones contra la URSS. Posteriormente, dirigió durante años el equipo Estación Alec, que se encargaba de luchar contra Al Qaeda y otras organizaciones islamistas radicales.
Bikowsky aún mantiene un alto cargo en la CIA y sigue luchando contra el terrorismo, pero a raíz de la denuncia no puede desarrollar esta actividad fuera de su país, según asegura Scott Horton, un abogado especializado en derechos humanos y lector en la Universidad de Columbia (Nueva York).
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