El fraude electoral en Colombia ha mutado de la relación con los grupos paramilitares al clientelismo con el poder económico, legal o ilegal, alertó hoy la Misión de Observación Electoral (MOE) en un informe sobre los próximos comicios al Congreso, que se celebrarán el 9 de marzo.
En el informe "Mapas y factores de riesgo en las elecciones nacionales 2014", presentado hoy en Bogotá, la MOE especificó que 260 municipios de los 1.102 que tiene Colombia están en riesgo de que se produzcan fraudes y hechos de violencia el 9 de marzo, un 30 % más que en las elecciones de 2010.
En el caso específico de irregularidades, hasta 410 municipios colombianos pueden verse afectados por las variables analizadas: participación y competencia electoral, que indican la compra de votos, así como niveles atípicos de votos nulos y no marcados.
La desmovilización formal de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, así como la fuerte legislación para combatir a la "parapolítica", que llevó a decenas de congresistas con vínculos con paramilitares a la cárcel, escarmentó a los políticos de relacionarse con los grupos armados.
Así lo explicó la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quien agregó que ahora los candidatos "prefieren las alianzas con aquellos que tienen intereses económicos legales o ilegales, con gran capacidad de financiar las campañas políticas" y vinculados a la minería o los grandes proyectos agroindustriales.
Barrios explicó que las regiones donde más aumenta el riesgo de fraude electoral, como en el Chocó (noroeste) o los departamentos suroccidentales, albergan actividades económicas relacionadas con "los recursos naturales y todas las actividades extractivas, oro, petróleo y diferentes productos de carácter minero".
Para la MOE, aunque los paramilitares mutaron en bandas criminales, que aún ejercen el poder en algunas regiones como la costa caribeña, estas se han desvinculado de la influencia política directa que tenían.
"Pareciera que lo que está importando hoy más no es la relación con la ilegalidad armada, sino con quien tiene poder económico legal o ilegal, con intereses territoriales, y que esos intereses se puedan traducir en el Congreso a través de leyes", argumentó Barrios.
Con respecto a los municipios en riesgo por violencia, estos han disminuido en un 7 % de 2010 a hoy al pasar de 420 a 389.
Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, quien participó en la presentación, este descenso responde a que "las guerrillas (FARC y ELN) están en una actitud de postconflicto y no de sabotaje".
También advirtió que la irrupción de movimientos políticos de izquierdas como Marcha Patriótica y la Unión Patriótica "va a ser, otra vez, un factor especial de riesgo".
Barrios, por su parte, pidió a la insurgencia que no atente contra el proceso electoral y que declare un alto el fuego para que "los ciudadanos puedan asistir a votar de manera libre".
El informe también recoge un apartado elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que indica que 25 municipios del país tienen riesgo por violaciones a la actividad periodística en el periodo electoral.
De los 25, seis sufren un riesgo extremo: Riohacha (La Guajira, norte); Tibú (Norte de Santander, noreste); Caucasia y Puerto Berrío (Antioquia, noroeste); Tuluá (Valle del Cauca, suroeste) y Los Palmitos (Sucre, norte).
La MOE pidió a las autoridades una especial atención a las zonas que concretan la mayor parte de estos factores: el departamento de Nariño (suroeste), en la frontera con Ecuador; la zona minera de Antioquia (noroeste); el Chocó (Pacífico, noroeste); las zonas rurales de la región Caribe; el Catatumbo y Arauca, fronterizos con Venezuela y el sureste del país.
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