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Este 21 de noviembre se cumple 13 años de la convocatoria al paro petrolero en Venezuela, cuyos actores políticos agrupados en esa época en la extinta Coordinadora Democrática, hoy (ahora aglutinados en la autollamada Mesa de la Unidad Democrática) piden al pueblo que voten por ellos como candidatos a diputados a las venideras elecciones parlamentarias del 06 de diciembre.
En ese grupo figuraban Julio Borges y Henry Ramos Allup, hoy candidatos para ser diputados. Otros que participaron activamente en el paro petrolero, hoy aunque no son candidatos, sí promueven sus propios candidatos a la Asamblea como ejemplo Henrique Capriles Radonski, con sus candidatos Rafael Guzmán y Adriana D' Elía en Miranda o Andrés Velásquez con Américo de Grazia en el estado Bolívar.
El mismo Carlos Ortega, cara visible del paro petrolero, militaba en el partido Acción Democrática, uno de los socios de la Coordinadora Democrática, promotora del paro que dejó por más de 70 días al pueblo (sometido a hacer largas colas) sin comida, gasolina, gas; sin béisbol y con una navidad negada al libre acceso de bienes y servicios, cerrados intencionalmente por los empresarios y comerciantes en apoyo a la acción desestabilizadora.
Los hechos
El 21 de noviembre de 2002, el director de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, anunciaba en un reconocido hotel de Caracas una acción que no estaba vinculada con su rol de dirigente obrero. Ante los medios de comunicación congregados en el lugar, convocaba a un paro patronal el 2 de diciembre, acción que vaticinaba 63 días de ataques a la economía nacional.
La convocatoria, la cuarta realizada en solo un año y cuya duración no se revelaría "por razones estratégicas", contó con el auspicio de Fedecamaras, que aglutina a sectores empresariales del país; la directiva y trabajadores de la nómina mayor de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), propulsores de la llamada "meritocracia" en la principal industria nacional; los partidos de oposición reunidos en la extinta Coordinadora Democrática y medios de comunicación privados, que jugaron un rol primordial en este plan que aspiraba generar un clima de zozobra tal que provocara la salida, por vías inconstitucionales, del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
El objetivo del paro patronal —que obligaba a trabajadores a sumarse quisieran o no— era atentar contra la estabilidad del país mediante el desabastecimiento del mercado interno y la paralización de la exportación de crudo, para provocar un estallido social que condujera a la quiebra del Estado, que se enfrentó posteriormente a la contracción de 9,2% del Producto Interno Bruto.
Ese llamado, además, se inscribía en la misma línea del golpe de Estado perpetrado por la derecha –con apoyo del gobierno de Estados Unidos– el 11 de abril de ese año, y que gracias la resistencia del pueblo y al apoyo de las Fuerzas Armadas, se revirtió con el retorno de Chávez al poder.
Esa acción golpista perpetrada ocho meses antes también apeló a los mismos elementos: el llamado a un paro, en nada ajustado al capítulo V de la Constitución de la República, donde se establecen las condiciones para ejecutar una huelga como estrategia de lucha de la clase obrera, y la intervención de factores desestabilizadores en la industria petrolera, para comprometer la producción de combustible.
Pero, a pesar de la derrota sufrida en abril, los sectores insistían en la nueva paralización conscientes de los efectos que tendría esta acción en la vida económica nacional. Carlos Fernández, presidente de Fedecamaras, indicó en la misma rueda de prensa en la que participó su tocayo Ortega que hasta los pequeños industriales estaban dispuestos a asumir el costo de suspender su producción, pues "para lograr un mañana mejor; hay que pararse para poder seguir".
El pronóstico de los daños económico era previsible. En el diario Tal Cual del 22 de noviembre de 2002, por ejemplo, se refería que las ventas navideñas de ese año estaban "colgando de un hilo con el anuncio del paro para estas fechas decembrinas. Pero los empresarios prefieren un sacrificio más", que condujo finalmente a la caída de economía en 27,7%.
El 24 de noviembre de 2002, tres días después de convocarse el paro, Luis Giusti, expresidente de Pdvsa y asesor en materia de energía del gobierno estadounidense de George Bush, ratificó el compromiso del sectores de la industria petrolera con el plan y afirmó que "si Pdvsa va al paro, el país colapsa en una semana". Así, el paro patronal terminaría convirtiéndose en un sabotaje petrolero, cuyos objetivos nunca fueron laborales ni socioeconómicos.
La economía como el camino para lo político
Aunque la estrategia empleada se sustentaba en el plano económico, los objetivos del paro iban por otro sendero. El 27 de noviembre, la Coordinadora Democrática presentó un documento con las condiciones para desactivar el paro, que pretendía presionar la convocatoria de un referendo consultivo para solicitar la renuncia del presidente Chávez.
La organización opositora desistiría de la paralización si "el Consejo Nacional Electoral convoca al referendo consultivo; si la Mesa de Negociación y Acuerdos resuelve convocar al referendo consultivo; si la AN (Asamblea Nacional) convoca al referendo consultivo; si se produce la renuncia del Sr. Hugo Chávez Frías a su cargo de Presidente de la República y si la Coordinadora Democrática considera conveniente cualquier otro acuerdo".
Pero, al día siguiente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente la petición de convocatoria al referéndum consultivo, pues estaba planteado con un carácter revocatorio. En respuesta, Fedecamaras y la CTV reafirmaron en llamar al paro, que inicialmente sería de 48 horas y se extendió en el tiempo sin que la derecha lo declarara indefinido, aunque la prensa, a favor de los intereses de derecha, aun antes de comenzar lo llamaba "el tan esperado paro indefinido".
El 30 de noviembre, Ortega indicó que el paro comenzaría a las 6:00 de la mañana del lunes 2 de diciembre y que la duración del mismo estaría "sujeta a la forma en la que se desarrollen los acontecimientos en el país y la forma en la que se desarrolle la Mesa de Negociación" instalada el 8 de noviembre de 2002, con participación de la oposición y el Ejecutivo Nacional, para la búsqueda de consenso en temas políticos.
"No podemos manifestar si será de 24, 48, 72 horas o indefinido, pues estará sujeto a la evaluación del Comando de Conflicto, la Coordinadora y la Mesa Negociadora", advertía en aquel momento.
Así se dio inicio al paro patronal y al sabotaje petrolero que se extendió a marzo de 2003 y afectó principalmente al pueblo, que se vio sometido a un largo período en el que hubo carencia de combustible para el transporte, que obligaba a la población a hacer largas colas para obtenerlo o que imposibilitaba, por ejemplo, la salida de los camiones de bomberos para atender emergencias; gas para la cocina, sobre todo en las zonas que usaban bombonas, y que obligó a familias incluso a quemar sus muebles para poder cocinar; y trastocó la Navidad, la cotidianidad y alegría de esta época.
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