La desaparición de los 43 estudiantes normalistas desnudó por completo al Estado mexicano, no solo por el manto de impunidad en que ha caído este caso, sino por su condición de rehén de los grupos criminales vinculados al negocio del narcotráfico.
El 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la localidad de Iguala, estado Guerrero (al sur de México) fueron atacados por policías de esa localidad y hombres enmascarados, dejando saldo de seis jóvenes muertos y 43 desaparecidos
Los normalistas, como cada año, se preparaban junto a otros estudiantes para la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968.
El día de la agresión, estos regresaban de una manifestación estudiantil que terminó en un enfrentamiento con varios cuerpos de seguridad, en protesta contra la discriminación que sufren en el reparto de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del Gobierno local.
Pero faltaban 43...
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, aseguró que no se enteró de los enfrentamientos debido a que se encontraba en una fiesta. También dijo desconocer el paradero de los normalistas.
A pocos días del hecho de violencia, Abarca solicitó una licencia de 30 días bajo el argumento de permitir el avance de las investigaciones; fue expulsado del Partido de la Revolución Democrática (PRD); cerró su cuenta en la red social Facebook y emprendió con rumbo desconocido para las autoridades.
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