La oposición del país pretende dañar la imagen del Partido de los Trabajadores (PT) para evitar que Lula da Silva pueda volver a ser candidato presidencial.
Desde que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el pasado sábado que será candidato a la presidencia en las próximas elecciones si el Partido de los Trabajadores (PT) lo considera necesario, la oposición activó una nueva fase de la Operación Lava Jato que busca dañar su imagen.
La corresponsal de teleSUR en Brasil, Adriana Robreño, señaló que esta nueva etapa está marcada por un matiz político.
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Por su parte, el analista Beto Almeida señaló que su discurso del fin de semana refleja un protagonismo cada vez más fuerte y por eso se han incrementado los ataques de los grandes medios para demoler la posibilidad de que Lula pueda volver a ser candidato.
Agregó que intentan acabar con el propio partido porque se ha visto en la juventud de Brasil una animación creciente por el Partido de los Trabajadores (PT). Además, usan al expediente de Lava Jato para desviar la atención y hay un elemento del sector judicial controlado por poderes externos bajo órdenes imperiales, que quieren impedir la continuidad del proceso de transformación que hay en Brasil.
Este martes el Instituto Lula informó que el expresidente presentó por escrito su defensa ante la fiscalía de Sao Paulo.
En contexto
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del PT en este caso para solicitar su destitución.
A juicio del periodista y sociólogo brasileño, Laurindo Leal, la derecha de su país está jugando todas sus cartas para sacar del poder al Partido de los Trabajadores (PT), tras el anuncio del exmandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, de volverse a lanzar como candidato en las próximas elecciones.
La oposición implementa acciones como vincular a Rousseff y a Da Silva en el caso de corrupción de Petrobras.
Por su parte, la comisión parlamentaria brasileña, encargada de la investigación de corrupción en la petrolera estatal, eximió a ambos líderes de toda responsabilidad en el caso por no encontrar pruebas en su contra.
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